Se ha hablado y se habla mucho sobre el estado y la calidad de los vínculos entre las instituciones educativas y las familias de los alumnos. 
Apelando siempre a la visión nostálgica que tanto nos caracteriza a los uruguayos, resuenan frases que se refieren a un “pasado mejor”, donde reinaba la armonía y el respeto entre padres y educadores.
Probablemente también existían los desacuerdos, aunque permanecían en silencio por los propios conceptos de “Educación” y de “Escuela” que predominaban.
Las políticas nacionales que apuntan a la democracia participativa también requieren que, tanto el alumno como su familia, se involucren en la vida del aula y de la institución, como ámbito político-social primario y más próximo.
La Escuela es una institución viva, compleja, donde se entrecruzan diversas realidades y muchas veces se suscitan conflictos que requieren intervención.
La gestión de estas situaciones requiere un nuevo encuadre, acciones preventivas y una actualización en las estrategias. Es necesario desprenderse de esa actitud de añoranza de lo que ya fue, y buscar estrategias que apliquen a los asuntos del presente desde la proactividad.
Con la premisa de que sí se puede, posicionados en la visión de “la escuela como telar de la esperanza” (Cullen, 2004) y la Pedagogía de la Dialogicidad (Freire, 2005), presentamos las prácticas de Arte Comunitario como una de las tantas herramientas que pueden ayudar a construir un diálogo que sostenga los buenos vínculos entre todos dentro de las comunidades educativas.

La escuela pública ha de ser la causa de todos, porque es la causa de la justicia. Quienes defienden con ahínco la escuela privada (sé que algunos lo hacen de forma bienintencionada) esconden intereses particulares y utilizan argumentos de dudoso rigor. Decir que es preciso defender el derecho de todos a elegir, exigiría que todos pudiesen ejercerlo. 
Es sospechoso que defiendan ese derecho precisamente los pocos que pueden ponerlo en práctica. En aras de la libertad de enseñanza (quienes ahora la defienden, la han atacado como uno de los males de la sociedad) se pretende salvaguardar la libertad de quienes tienen posibilidades de acceder a unos bienes que consideran de mayor o de especial calidad. Digo de especial calidad porque este es uno de los temas de mayor calado. ¿Por qué se dice que una escuela es de calidad? He aquí algunos de los tramposos indicadores más usados (Santos Guerra, 2006):

► Control en las actuaciones cotidianas.
► Resultados académicos.
► Preocupación por cuestiones de disciplina.
► Cantidad de contenidos.
► Instalaciones deportivas.
► Oferta de actividades extraescolares.
► Existencia de Ideario (casi siempre) religioso.
► Elitismo de clase (el niño/niña no se mezcla con otros...).
► Estabilidad y cohesión de las plantillas.

Otra cosa muy diferente es atribuir calidad a las escuelas en función de los siguientes criterios: 

► Posibilidad de acceso para todos y todas
► Ausencia de elitismo
► Pluralidad de opciones
► Educación en la libertad
► Libertad de expresión
► Coeducación
► Incorporación de la diversidad
► Preparación para la vida
► Ejercicio de los valores

Quienes defienden que ha de destinarse dinero público a proyectos privados, ¿cómo pueden justificar que a los ciudadanos que no participan de ese ideario se les exija contribuir a su desarrollo y difusión? Sé que dentro de la escuela privada existen instituciones y proyectos de muy diverso tipo: una cosa es un Colegio del Opus Dei y otra muy diferente una cooperativa de profesores que mantiene un proyecto ideológicamente plural.
En el supuesto de que la escuela privada tenga mayores dosis de calidad que la pública, ¿no habría que preguntarse por qué? ¿No habría que dotarla de medios y de condiciones?

• 21 de setiembre Día Internacional de la Paz. 

• 26 de setiembre Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares

Las líneas que siguen, responden a una inquietud de vida, de militancia y de espacio profesional; responden al norte y sentir de quienes trabajamos en la educación, de desarrollar actos de justicia en cada acción y pensamiento; responden a la necesidad de generar diálogos fraternos, encuentros, consensos y disensos, desde lo pedagógico; responden, en última instancia, al impulso vital de quienes vemos en la educación el motor principal de humanización y cohesión de los pueblos.
La trayectoria educativa de las personas con discapacidad puede (y debe) ser analizada, pensada y significada desde muchas miradas y sujetos; desde lo
técnico-instrumental (opción que, consideramos, debería ocupar menos espacios en nuestra bibliotecas), pedagógico y organizacional (sustancial desde la mirada de los profesionales de la educación), y lo político pedagógico; es en este último sentido que el presente artículo busca problematizar, arriesgar hipótesis y ser un pequeño eslabón en la discusión, contextual y legítima, para seguir construyendo y defendiendo la labor de la educación pública como espacio y garante fundamental del derecho a la educación.

Retomamos la línea de difusión de los derechos que les asisten a los funcionarios del CEIP en cuanto trabajadores vinculados al organismo mediante una relación laboral, toda vez que así lo defina la Ley Nº 18.508 (Negociación colectiva en el marco de las relaciones laborales en el sector público).
Precisamente, si existe la perdurabilidad de algunos conceptos del pasado en cuanto a esta caracterización, y a la relación del funcionario público con el organismo empleador de que se trate, en este caso el CEIP, es justamente por la ausencia en la aplicación de las normas vigentes. Estas tienen que ver con el derecho a la determinación de las condiciones de trabajo, de todas ellas, no solo el salario, por parte de los funcionarios públicos y las organizaciones sindicales que los representan, y que se inscriben en lo que antiguamente (y no tan antiguamente) se denominaba “relación estatutaria”.

Actualmente, Uruguay ocupa un lugar como miembro temporal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fiel a los principios democráticos y pacifistas de nuestro país, puede tomar la iniciativa de proponer que,  se vote la prohibición transitoria del empleo y/o de la fabricación de armas nucleares, mientras la Asamblea General de la ONU no tome decisión sobre la propuesta de prohibición total de las mismas.

Desde la perspectiva de una educación integral como la que se plantea en nuestro programa escolar, no es posible formar a las personas sin considerar todas las dimensiones que la componen. No nos podemos olvidar de que la sexualidad es una de ellas. Esta dimensión posee componentes biológicos, psicológicos, culturales, históricos y éticos.
En este artículo compartimos una experiencia realizada en el año 2013 a cargo de maestras de sexto grado, las que planificaron un proyecto de Educación Sexual integrando áreas del conocimiento y desde una formación integral.
El compromiso ético de las docentes con sus alumnos y alumnas determinó planificar una intervención para abordar un problema de nuestro
tiempo, que se hacía manifiesto en las actitudes, los juegos y los diálogos de los niños y niñas: la cosificación de la persona que reduce al ser humano a un objeto, modelos basados en la inequidad de género, abuso y explotación sexual naturalizada en la cultura cotidiana.

Las nuevas generaciones están en interacción con una gran variedad de discursos contradictorios que convergen en espacios que influyen en su
formación como personas; el mundo del consumo les ofrece todo, menos la dimensión humana, que no se compra, se educa y se crea desde el interior de la persona, para lo que se necesita contar con el compromiso y el acompañamiento de adultos referentes en el ámbito familiar y educativo.

Perspectivas de una lucha en la que está en juego el derecho a la educación, la alimentación escolar, las condiciones para poder enseñar y el salario.

Exposición a cargo de :

• Maestra Elbia Perreira. Secretaria General de la FUM-TEP
• Economista Pablo Da Rocha, Asesor del instituto Cuesta Duarte.

En el transcurso del corriente año se inició una experiencia de complementariedad entre el Club de Niños Trampolines, perteneciente a la ONG El Abrojo 
en convenio con INAU, y las escuelas Nº 189 de Barrio Obelisco, Nº 205 “Sabas Olaizola” y Nº 235 “Eudoro Melo” de la ciudad de Las Piedras, Canelones.
La iniciativa propone colaborar con la escuela buscando generar lazos institucionales entre las políticas de educación formal y no formal, que nos permitan intercambiar miradas, reflexiones y temáticas que se puedan traducir en intervenciones socioeducativas.