El 12 de agosto de 1968 en el contexto de una movilización es herido por la espalda el estudiante de odontología y militante de la FEUU Liber Arce.
Se vivían tiempos duros, muy duros, con medidas prontas de seguridad, con congelamiento de salarios, represiones sistemáticas y cada vez más violentas... se vivía el pachecato.
Dos días después, el 14 de agosto, muere Liber y se realiza un sepelio multitudinario, un acto de lucha, con miles manifestando su compromiso, su defensa de las libertades, su resistencia a la violencia y prepotencia del gobierno.
Una clara muestra de que el Pueblo estaba en pie y que el Movimiento Estudiantil iba a seguir luchando por sus reivindicaciones, por mayor presupuesto para la Educación Pública, por boleto estudiantil...
Hoy junto al movimiento estudiantil, a las y los jóvenes de hoy, seguimos luchando... con las convicciones firmes y claras... con la memoria al rojo vivo... porque AL IGUAL QUE AYER ENFRENTAMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL PUEBLO CON ORGANIZACIÓN Y LUCHA.
▪︎ EL MEJOR HOMENAJE ES SEGUIR LUCHANDO ▪︎
Compartimos la declaración de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT CNT
La Secretaría de Género, Equidad y Diversidad PIT CNT, DECLARA:
1- Su rechazo enfático al proyecto de Ley de “Corresponsabilidad en la Crianza” , por entender dicho proyecto como un claro retroceso en los derechos de niñas , niños y adolescentes. En el entendido que los temas de la infancia requieren una enorme responsabilidad del sistema político y en especial del Estado.
2- El mismo refleja una mirada exclusivamente adultocéntrica en su texto, dejando de lado el bienestar de nuestras infancias. En varios aspectos contradice el Código Civil de la Niñez, y deja totalmente vulnerables a niñas, niños y adolescentes bajo la tutela de una eventual situación de violencia.
3- Deja de lado la Ley de Violencia Basada en Género y complejiza los procesos judiciales sin acompañar de mayor presupuesto al Poder Judicial.
4- Este proyecto de ley modifica los criterios de la Patria Potestad hasta hoy establecidos, que establece la pérdida de la misma cuando el progenitor comete delitos graves contra sus hijas o hijos, femicidio (o tentativa) contra su madre.
5- Solo habla de un sistema político conservador, que olvida la lucha de muchísimas organizaciones sociales por los derechos de las niñas, niños y adolescentes contemplada en la actual legislación vigente.
6- Desde el PIT CNT consideramos que los DERECHOS de las niñas, niños y adolescentes son intocables, existen ya demasiadas y diferentes formas de violencia hacia la niñez, en esta coyuntura nacional donde son miles las niñas y niños que carecen de alimentos y de una vivienda digna. Urge la acción de un Estado que los proteja y no que los desampare.
Si hay señales de retroceso, la lucha es y nos tendrá en las calles.
Secretaria de Género, Equidad y Diversidad
PIT-CNT
Pensar en la evaluación como una actividad que impulsa el aprendizaje y favorece que este sea de mayor calidad, convengamos, no es un pensamiento demasiado común ni demasiado socializado en el ámbito de la enseñanza de las Ciencias Sociales. Fundamentalmente porque aún no está del todo arraigada la idea de la evaluación como «motor del aprendizaje» (Sanmartí, 2015:16), y sí sigue muy instalada la idea de que evaluar es, solamente, poner una nota a un estudiante, o hacer un juicio de valor con relación a sus desempeños.
En el imaginario colectivo, la evaluación es percibida como una herramienta que los docentes utilizan para marcar errores y aciertos de sus alumnos.
Noción en la cual, a su vez, subyace la idea de que siempre es el docente quien ha de detectar esos éxitos y errores en los sujetos que aprenden y, además, quien propone lo que se deberá hacer para mejorar. Esto, por supuesto, nos distancia de la idea de pensar y proponer actividades de evaluación integradas totalmente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Muchas veces, ese mismo imaginario colectivo refiere a los malos
resultados de los alumnos en la adquisición de sus aprendizajes, conectándolos a causas externas al proceso de enseñanza aplicado. De este modo se evade la responsabilidad de una reflexión urgente y necesaria sobre esas prácticas de aula, y sobre la necesidad de repensarlas en relación con la complejidad y variedad de los aprendizajes de los estudiantes. Se agrega que a esa marcada heterogeneidad entre los que aprenden, debería corresponderse una marcada homogeneidad de los que enseñan. Es decir, la búsqueda de criterios comunes de los enseñantes, y de todos aquellos que se dispongan a considerar la evaluación como una condición necesaria para mejorar la enseñanza.
Es muy común que al momento de evaluar a los alumnos se piense en una “prueba” idéntica para todos, y se olvide que los grupos de alumnos en un grado están formados por niños con distintos intereses, capacidades, historias personales, saberes previos, aptitudes y estilos de aprendizaje; diferencias estas que deben ser consideradas a la hora de evaluar. No se enseña a grupos homogéneos ni para la homogeneidad. Los grupos de clase siempre son heterogéneos, y es imprescindible contemplar y respetar esa diversidad. La autora Jussara Hoffmann (2010) sostiene que «una evaluación justa respeta la diversidad» (apud Silber, 2015). Sabemos de los esfuerzos de los docentes por propiciar una evaluación que tome en cuenta esas diferencias en los aprendizajes de los estudiantes. Que el discurso colectivo de los docentes pregona y acuerda con llevar a la práctica una evaluación formativa y formadora. Que con mucho ahínco se sostiene una “frase hecha”, repetida casi por inercia: la evaluación debe ser formativa (es decir, acompañar los procesos de formación de los alumnos para tomar decisiones de ajuste y mejora en la propuesta pedagógica). Pero lo cierto es que muy poco se sabe de cómo planificar la evaluación formativa, si se pretende que esté orientada a identificar los cambios que hay que introducir en el proceso de enseñanza para ayudar a los alumnos en su propio proceso de construcción de lo que aprenden.
Esto es lo que Sanmartí (2015:20) identifica como la finalidad de carácter pedagógico o regulador de la evaluación. Así es que ciertas concepciones de lo que la evaluación comprende como componente determinante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, traen aparejados algunos implícitos que deberían ser analizados con mucho rigor como, por ejemplo, el acuerdo preexistente de concebir que la evaluación cumple un papel destacado en la escena educativa y el desacuerdo sobre las formas en que debe ser pensada dentro de los procesos educativos (considerando que
es el componente de los sistemas educativos menos permeable a los cambios).
Creemos que el desafío está, pues, en superar la utilización de la evaluación como instrumento para medir, comparar, clasificar y jerarquizar, y utilizarlo prioritariamente para comprender, mejorar, dialogar, motivar y potenciar la calidad del aprendizaje. Transitar por este cambio en la concepción de lo que representa la evaluación en los sistemas de enseñanza debería, al decir de Santos Guerra (2017:9), poner a la escuela de hoy
en el lugar de una institución contrahegemónica. Que rompa con la hegemonía de pensamiento que priorizan los discursos actuales de las políticas educativas, las familias y la sociedad, y que adosan a la evaluación presupuestos tales como «el individualismo, la competitividad, la obsesión por la eficacia, el relativismo, hipertrofia de la imagen...».
El propósito de este artículo es rescatar el sentido pedagógico-didáctico y social de la evaluación educativa. En oportunidades ya se ha destacado que
en la evaluación que se realiza en las instituciones educativas están involucrados no solo los alumnos, sino también los educadores y los padres, y todos poseen su cuota de responsabilidad. No es sencillo establecer cómo se reparten los compromisos o directas implicancias, pero es válido reconocer que cada parte es a la vez un todo que posee cierto peso en los resultados obtenidos.
Un dato de la realidad nos sitúa en un escenario en el cual vemos que el papel del educador ya no está en el centro de decisión de qué y para qué evaluar. Esta situación crea malestar entre los docentes al tiempo que desprofesionaliza su labor, y dado que no se considera la opinión y participación de los mismos se genera un marco de escaso interés en los resultados producidos.
Los procesos evaluativos están marcando un rumbo incierto; paulatinamente han ganado terreno agentes evaluadores externos a las instituciones
y, en oportunidades, al propio sistema educativo de las naciones involucradas. Se aplican pruebas genéricas, y no se consideran aspectos socioculturales de los países en los cuales se produce la investigación.
La investigación educativa ha pasado de ser un tema de interés del centro educativo, del sistema educativo nacional, a convertirse en una forma
de comparación mundial con intereses particulares, casi específicos de los requerimientos de la Economía. Dicha comparación discrimina regiones y
países; quedan afuera análisis específicos, que tendrían marcado tono explicativo acerca de los resultados obtenidos.
Evaluar en educación requiere de un presupuesto específico. Para los Estados es una actividad que los compromete; han dado su asentimiento en la
participación de dicha medición, y esto provoca fuertes críticas desde los colectivos docentes. Se parte del desconocimiento de aquellos ámbitos académicamente autorizados para la tarea, aspecto nada menor ya que invalida la relevancia pretendida. Las Ciencias de la Educación son evitadas, no se consideran en la planificación, tampoco en la ejecución.
Los resultados buscados y finalmente obtenidos se instalan con fuerza en los discursos económicos, a la vez que recrean la fundamentación acerca de la importancia que supone para los Estados atender el crecimiento del capital humano como factor de crecimiento socioeconómico del país.
En la década de los noventa se advertía acerca de que la evaluación educativa dejaba de ser una actividad marginal, solo de importancia para los escenarios educativos, para ser considerada de interés general; cobraba énfasis la percepción económica, aún incipiente. Se fundamentaba la necesidad de profesionalizar sus métodos y de valorizar los resultados como insumos al servicio de intereses generales.
Tres décadas después se profundizan aquellos supuestos, y los macroinformes generalizan las realidades educativas sin considerar las particularidades
de cada país evaluado. La evaluación en estos tiempos es una práctica que no está aplicada para innovar o mejorar, sino que repara en un desproporcionado interés por los resultados, sin atender los procesos. Tampoco profundiza en los factores influyentes, en los efectos determinantes que subyacen entre dichos resultados. La información, si bien se centra en el alumno, desatiende el hecho de que este es una parte del proceso educativo o de la relación entre enseñanza y aprendizaje en contextos diversos.
#MeSumoalaMarchaEducativaNacional
PRESUPUESTO DIGNO Y EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UNA VERDADERA TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA- BASTA DE PERSECUCIÓN
CSEU
ADUR/ AFFUR/ AFUTU/ATES/ CEEM/ CEIPA/ FENAPES/ FEUU/ FUM-TEP/ SIDFE/ UFC/ UTHC
El 1ro. de mayo es un día muy especial para los trabajadores y las trabajadoras, es un día de recuerdo, reivindicación y lucha.
Vivimos tiempos en los que estamos sufriendo la carestía, el aumento de tarifas y combustibles, recortes de presupuesto educativo y la rebaja de nuestros salarios.
Ante ello, reafirmamos nuestros principios, el camino es la lucha organizada y de masas, siempre con la guía de la histórica consigna unidad, solidaridad y lucha.
Viva el 1ro. De mayo.
#1demayo
#FUM-TEP
#PIT-CNT
Última reunión del Consejo Superior de Públicos
28 de diciembre de 2021
• El Poder Ejecutivo anunció que se dictará un decreto de ajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos, a partir del 1º de enero de 2022 de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Presupuesto vigente, de acuerdo al siguiente criterio: (a) 5,8% por concepto de inflación proyectada para el año 2022; (b) 1,2% adicional, por concepto de recuperación. Por lo tanto, implica un ajuste acumulado de 7,07% (1 Queda exceptuados de dicho ajuste, aquellos trabajadores públicos que no recibieron la adecuación salarial prevista del 4,41%. Tal es el caso, de los trabajadores afiliados a AEBU).
• Asimismo, se dejó constancia a través de un acta que durante la primera quincena de abril de 2022 se instalarán -en el marco establecido en la Ley de Consejos de Salarios del Sector Público- mesas de trabajo a nivel de subsector público (segundo nivel de rama de actividad) a los efectos de:
Consideraciones:
La delegación de trabajadores expresó -y dejo constancia de ello- su insatisfacción por aplicarse un ajuste de las remuneraciones en enero de 2022, que no permitirá cubrir la totalidad esperada de la inflación acumulada en el año 2021. Dicho de otra manera, se estima que la inflación totalizará una cifra en el entorno de 7,89%; y el ajuste previsto será de apenas 7,07%.
Si bien es cierto, que conceptualmente al ajuste supone un cambio de criterio, pasando nuevamente a inflación futura (con correctivo, en caso de corresponder, al cabo de los doce meses) al que se adiciona un porcentaje por concepto de recuperación, el acumulado no permite cubrir siquiera en lo concreto el mantenimiento de la capacidad de compra. Dicho de otro modo, se requerirán mayores porcentajes de recuperación en el futuro.
En ese sentido, lamentamos profundamente, la desafortunada decisión del gobierno, que no solo, no contempla la dimensión de la pérdida de salario real al adelantar un porcentaje marginal, a cuenta de la recuperación; sino que tampoco es sensible, al reclamo de los trabajadores de al menos -dado su ingreso “congelado” desde hace un año- haber logrado cubrir, por lo menos en el imaginario de la gente, la totalidad de la inflación pasada; teniendo así, en consecuencia, los trabajadores, que seguir postergando, su legítimo derecho a recuperar lo perdido cuanto antes; a pesar, de haber sido gracias a ellos y ellas, - aún en el peor momento de la pandemia- mantener firmemente nuestras escuelas, la formación curricular y educación en valores, de nuestras niñas y niños.
Cabe decir que el porcentaje de recuperación a otorgar (1,2%) en enero de 2022, es -según nuestros cálculos- apenas 15% de la pérdida registrada. Si bien, seránlas “mesas detrabajo” las que determinen la pérdida concreta a recuperar, resulta notorio que aún resta mucho para alcanzar la misma capacidad de compra que se contaba en 2020.
La Enseñanza dispondrá de una mesa específica, y goza -por cierto- de la autonomía suficiente para impulsar un trabajo profundo para alcanzar nuestras reivindicaciones, si bien, los obstáculos son muchos y restringe cierto grado de avance, no es menos visible, la relevancia del sector en la vida pública. Asimismo, ese espacio de trabajo, debe permitir, no solo recuperar todo lo perdido, sino también avanzar en otros aspectos tan o más importantes como lo salarial.
Esta Federación ha dado numerosas muestras no solo de su fortaleza, sino también de su seriedad y coherencia política a la hora de enfrentar al gobierno de turno.
Ec. Pablo da Rocha Mtra.
Elbia Pereira Sec. Gral. FUM-TEP
Por eso decimos que SE DEBE RENDIR CUENTAS CON EL PUEBLO.
Presupuesto educativo del 6% del PIB para ANEP y UdelaR.
Asegurar la alimentación de niños y niñas a través de los comedores escolares.
Asegurar la continuidad del PMC. Trabajar para cubrir todas las escuelas del país con dicho programa.
Creación de cargos para universalizar 3 años con grupos de hasta 25 niños.
Creación de cargos y ampliación de horario de auxiliares de servicio para cubrir todas las escuelas.
Recuperación del salario perdido en 2020.
Ajuste salarial del 100% del IPC en 2021.
Otro 20 de mayo... El silencio gritó contra la impunidad... Mtro. Esteban Coitiño
XIII Congreso del PIT-CNT "Wladimir Turiansky"- Mtra. Alejandra Pereira
Ya estamos en el inicio del mes de junio de un año que se presentó con muchos desafíos para el movimiento sindical en su conjunto, y para nuestra Federación en especial. Sabemos que este 2018, último año de Rendición de Cuentas de este gobierno, nos iba a tener y nos está teniendo en la lucha por lo que consideramos justo: LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. Año en el que nuestro país debe hacer el máximo esfuerzo por dotar a
la Educación de un presupuesto acorde a sus necesidades; y tenemos claro que no debe ser de menos de un 6% para ANEP y UdelaR. Basta mirar la inversión que hacen los países con los que muchas veces somos comparados... y sí... en ninguno de estos países es de un 6%, sino que es mucho más. Especialmente si se considera que nuestro país ofrece oportunidades educativas públicas a lo largo de toda la vida y en todos los niveles.
Esto da cuenta de que no vamos por un camino equivocado, se requiere un mayor presupuesto para la Educación Pública Uruguaya.
La Federación definió un plan de acción que vamos cumpliendo según las etapas. Al momento hemos tenido entrevistas con los partidos políticos de oposición con representación parlamentaria. La próxima semana seremos recibidos por el partido de gobierno.
En cada instancia planteamos el conjunto de nuestras reivindicaciones respecto a mejorar las condiciones de trabajo que redundarán en mejores condiciones de aprendizaje para los niños y niñas.
Hemos participado en instancias de negociación bipartita con el CEIP donde intentamos incidir en la creación de cargos, especialmente en el área de Educación Especial, tanto en la figura del Maestro de Apoyo como en la figura del Maestro Comunitario. Hemos abordado la situación muy preocupante de la gran carencia de auxiliares de servicio en muchas escuelas, especialmente en las escuelas rurales.
Son momentos en que debemos estar más juntos que nunca en todos los rincones del país, porque en todos ellos hay una escuela pública, por más alejado que sea el lugar.
Tengamos presente que esta es la última oportunidad con que contamos en este período de gobierno para profundizar nuestras conquistas y obtener nuestras reivindicaciones, y existe un límite constitucional para aumentar el gasto.
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