La Ley Nº 19.889 Ley de Urgente Consideración (en adelante, LUC) incorporó “arreglos institucionales” inéditos al panorama educativo, aunque con aspectos que hacen pensar en un siglo atrás. La LUC, aprobada y promulgada entre la instalación del nuevo Gobierno y la pandemia, entre el confinamiento y el Presupuesto Nacional, entre una discusión de más de quinientos artículos y los apremios de una sociedad atemorizada por la COVID-19, impone cambios en la “gobernanza de la educación” que desandan un proceso de autonomización y participación de más de cien años.
La idea de preservar a la escuela de los fragores de la política, preocupación central de José P. Varela, y desarrollada bajo el concepto de “De la independencia de la administración escolar” en el capítulo XIV de La Legislación Escolar (Tomo II) 1, demoró décadas y recién se consagró con la creación del ente autónomo en 1943. Así, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal (creado en 1918) adquiere el estatus de Ente Autónomo. Igual proceso cumplen el Consejo de Enseñanza Secundaria (1935) y UTU (1942).

La FUM no fue ajena a estos debates y ya en la década de los cincuenta advertía:
«El vaivén partidista en el gobierno del país, puede traer como consecuencia (...) cambios de criterio para la orientación (...) del organismo educativo escolar con prescindencia del único criterio legítimo que es el pedagógico (...) Para ello es indispensable que ese Consejo sea integrado con (...) representación integral de los profesionales directamente involucrados en la Enseñanza Primaria...» 
El reclamo del Magisterio adelanta el tema de la participación, injerencia de los docentes alcanzada en el Consejo de Secundaria con tres miembros y en el de UTU con dos consejeros, reivindicado insistentemente, y recién logrado en el año 2008.
La tensión entre autonomía, coordinación y participación tuvo distintas propuestas de solución hasta que la Ley Nº 14.101 eliminó los consejos
autónomos, centralizó la dirección de la educación no universitaria en el CONAE, y eliminó toda representación. 
El paradigma autonómico vareliano y la voluntad docente de participación fueron arrasados por la ley “Sanguinetti” primero y por la Dictadura inmediatamente después. 

Este proceso tendrá en la CONAPRO (1984-85) y en la Ley Nº 15.739 un impulso restauracionista y plazos perentorios que en los hechos mantuvieron las características de la Ley Nº 14.101. En 1990, cuando se analizaron cambios para la designación de consejeros, el Prof. Pivel Devoto (entonces Presidente del CODICEN) retomó la defensa de la autonomía de ese Consejo en una exposición ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes (20/03/90).

Esa defensa acérrima de la autonomía de la ANEP es avasallada cuando en el artículo 145 E de la LUC, otras voces del Partido Nacional promueven
la facultad del Ministro de Educación de elaborar el “Plan de Política Educativa Nacional”.
Pero la LUC va contra muchos otros valores de la educación pública: la impronta de participación comunitaria y profesional impulsada por la Ley
Nº 18.437 Ley General de Educación a través de la COMINE (Comisión Nacional de Educación) y del Congreso de Educación, de las comisiones consultivas y de los consejeros electos.

Los consejos, como ámbito colegiado de análisis y debate de las políticas educativas de cada nivel, son sustituidos por direcciones generales, figuras gerenciales de aplicación de resoluciones externas que agravian la mejor tradición de la Escuela Pública.
Los consejeros electos quedan incorporados solo a CODICEN y CFE, ámbitos en los que se resuelve por tres votos conformes, haciendo suficiente
la voluntad de los consejeros políticos para cualquier decisión.
El artículo 193 de la LUC habilita regímenes especiales para el ejercicio de la docencia, dando facultades extraordinarias a los directores de los
centros educativos para cooptar docentes, promover incentivos salariales o complementos por alcanzar metas de política educativa, o para alentar la permanencia según «el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo». Es decir, se habilita el amiguismo y la discrecionalidad. 
En resumen, la revisión histórica que el maestro Víctor Spinelli nos propone a continuación, es el debate sobre qué escuela y qué educación pública
queremos... ¿Una sujeta a los avatares de la política u otra que establezca objetivos que trasciendan las administraciones?, ¿una “política de Estado” o
una “política de Gobierno”?, ¿organismos con autonomía o con ataduras al ministro de turno?, ¿consejos colegiados donde se analiza el sentido de la
Escuela o una gerencia que aplica resoluciones del CODICEN?, ¿organismos con representantes de los docentes o con cargos por exclusivo reparto político?  
Quizás hoy como nunca esta visión del pasado sea una buena guía para soñar el mejor porvenir para la Escuela Pública, y para reafirmar un quehacer
militante por esa educación del pueblo.

• Florit, H. Ley de Presupuesto
• Equipo de Jurídica. Licencia y actividad computada.

Ante una reforma educativa que:

• NO atiende a los verdaderos problemas de la educación y que no cuenta con cursos de formación con buen nivel de profesionalidad docente.

• IMPONE una modificación curricular que está inconclusa y que genera incertidumbre en los colectivos docentes y retrocede en la formación integral de niñas, niños y jóvenes.

• propone una FALSA AUTONOMÍA que se presenta en momentos de decisiones importantes, recayendo sobre las y los directores, quienes en soledad deben resolver según su criterio, pero no existe una autonomía técnica apoyada con presupuesto para ejercer los cambios necesarios que darán comienzo en este 2023...

Quehacer Educativo de la FUM-TEP, realiza aportes para pensar este inicio escolar, dejando a disposición algunos materiales para reflexionar.

• SALES, M. T. (Diciembre, 2015) ¿De qué hablamos cuando hablamos de competencias?. Quehacer Educativo, Año XXV (134),82-96.

• ALBISU, L.;  BELOCÓN, O. Análisis de documentos de ANEP, 2022. Unidad Curricular: Idioma Español. (17/11/22)  disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=5Sx8IEs5hYw

•  ALBISU, L.;  BELOCÓN, O. Análisis de documentos de ANEP, 2022. Unidad Curricular: Idioma Español. (17/11/22) Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zAraIN5SMrs&t=3s

• BORDOLI, E. (diciembre, 2022) "Mesa Redonda. "Las reformas educativas y la responsabilidad social estatal" Pinceladas sobre el caso uruguayo". Quehacer Educativo, Año XXXII (172), 15-24. 

• GENTILI, P. (diciembre, 2022)" Mesa Redonda. "Las reformas educativas y la responsabilidad social estatal" Una mirada sobre la dinámica de las reformas educativas". Quehacer Educativo, Año XXXII (172), 25-33.

• DAMISA, C. (diciembre, 2022) Notas para el análisis y el intercambio del Programa de Matemática 2023. Inicial y primaria. Tramo 1. 3 a 5 años y 1ero y 2do.

• REFORMA JUBILATORIA.

Todas las trabajadoras vamos a tener que trabajar 5 años más y cobraremos menos. La reforma afecta en algunos casos la bonificación docente.

• TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.

NO atiende a los verdaderos problemas de la educación. Los cursos de formación tienen un bajo nivel de profesionalidad docente. Imponen una modificación curricular que está inconclusa, que genera incertidumbre en los colectivos docentes y retrocede en la formación integral de niñas, niños y jóvenes. La falsa autonomía que se presenta en momentos de decisiones importantes, recayendo sobre las y los directores, quienes en soledad deben resolver según su criterio, pero no existe una autonomía técnica apoyada con presupuesto para ejercer los cambios necesarios.

• FALTA DE APOYO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

El mal manejo de la pandemia intensificó en nuestras infancias la inseguridad alimentaria, violencia física y psicológica, pobreza, rezago en los aprendizajes, sin embargo no existió ningún planteo ni propuesta de las autoridades que atendieran a estas situaciones.

• CERTIFIACIONES MÉDICAS.

La modificación que se piensa realizar otorga 9 días anuales para cada trabajadora, fuera de ese número tus días de licencia médica, se liquidarán a 75%. Sin dudas que muchas maestras y maestros iremos enfermos a trabajar para llegar a fin de mes.

• ALIMENTACIÓN ESCOLAR.

Loa preciso de la canasta básica han mostrado subas consecutivas, la realidad es que esas subas de precios no fueron acompasadas en las partidas de comedores.

• MAESTRA COMUNITARIA.

Se modificó el programa, en vez de ampliar el número de las maestras en territorio, se incorporaron en equipos en las inspecciones departamentales.

• ELIMINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN RURAL.

Desmantelado todo lo andado en la historia de la educación rural de nuestro país, de forma inconsulta e injustificada. 

• NUEVOS CONTRATOS LABORALES PARA EL INGRESO.

Generando precarización laboral con pérdida de derechos.

• PÉRDIDA SALARIAL.

Hemos experimentado años de pérdida salarial, cuantificada en un 7,96%, que es el equivalente a un mes de salario en el año. Aspecto que a pesar de las promesas no va a ser resuelto en el quinquenio.

AHORA QUE ESTÁS INFORMADA/O SOBRE ESTOS TEMAS...

¡SUMATE A DIFUNDIR Y CONVERSAR CON TUS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS!!

Seguramente cuando esta revista llegue a sus manos, el presupuesto ya haya sido votado en la Cámara de Diputados y se estará discutiendo
en el Senado, muy próximo a la resolución final.
Al inicio del año 2020 dijimos que no iba a ser un año fácil, que el cambio de modelo de país, como consecuencia del cambio de gobierno, nos interpelaría y nos tendría ocupados. Pero eso no fue todo, sino que además debimos enfrentar una emergencia sanitaria a escasos diez días del inicio de cursos.
El compromiso de miles de maestros y funcionarios de todo el país hizo posible que se pudiera volver a la presencialidad con el mayor cuidado sanitario y el menor riesgo, tanto para nuestros compañeros como para los niños y niñas.
El Sindicato trabajó denodadamente en pro de asegurar los cuidados necesarios para preservar la salud de nuestros compañeros, y nuestros niños y niñas. Pero el verdadero compromiso es el que cada uno de ustedes demostró a cada momento durante muchos meses para garantizar en alguna medida el derecho a la educación de calidad para todos.
Hemos enfrentado ciertos ataques que pretendieron desprestigiar al magisterio, poniendo nuestro desempeño profesional bajo sospecha con el fin de ajustar el presupuesto educativo. Al tiempo que defendemos que el Uruguay debe invertir un presupuesto adecuado a las necesidades de la educación, no menor a un 6%, el gobierno presenta un presupuesto de recortes, de ajustes que impactarán directamente en la calidad educativa y en los salarios que tanto nos costó incrementar.
Le entregamos un documento a la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, donde expusimos argumentos firmes resultado del análisis de los mensajes presupuestales presentados tanto por el CODICEN de la ANEP como por el Poder Ejecutivo. En síntesis: El presupuesto presentado para la ANEP por el Poder Ejecutivo, y con escasas excepciones por el CODICEN, se caracteriza por ser RESTRICTIVO Y CONTRACTIVO del gasto educativo porque:
1. La asignación es absolutamente insuficiente, previéndose una caída del 3,90% al 3,49% con relación al PBI.
2. Se establecen topes de ejecución que desmerecen el presupuesto asignado.
3. Se condicionan las trasposiciones, lo que dificulta la ejecución de los recursos previstos.
4. Se deroga la previsión de un 10% del valor de las obras por PPP para remuneraciones.
5. Las inversiones se reducen.

También consagra REBAJA DE SALARIOS porque:
1. La adecuación anual de los salarios impone una pérdida del orden del 5% equivalente a 3.440 millones de pesos en 2021, y pérdidas algo menores en los años 2022 y 2023.
2. Se abate en 500 millones de pesos el monto global de remuneraciones a partir del año 2022.
3. No se prevén recursos incrementales para equipar y radicar cargos en las obras nuevas.

También AFECTA DERECHOS porque:
1. Se asimila a los funcionarios de la Administración Central al régimen de licencias médicas del ámbito privado (DISSE), constituyendo un antecedente que puede extenderse a otros organismos.
2. Autoriza al MEC a avalar proyectos de instituciones educativas privadas para ser financiadas mediante donaciones de empresas.
3. Autoriza al Poder Ejecutivo a que los inmuebles prescindibles sean enajenados, lo que afectaría escuelas cerradas impidiendo su reapertura si fuera necesario. 
Nos esperan tiempos de mucho diálogo, mucho intercambio a la interna del Sindicato, pero también mucha lucha en defensa de la Educación Pública, en defensa de nuestros derechos y condiciones de trabajo, en defensa de las condiciones de aprendizaje para niños y niñas.
Año por demás especial, pues nuestra Federación va a llevar adelante su instancia democrática de elecciones del Secretariado Ejecutivo y de la mayoría de las filiales departamentales.
Esta instancia de participación, que se vive con intensa alegría cada dos años, se llevará a cabo en la semana del 9 al 14 de noviembre. En esta oportunidad, dando cumplimiento a las decisiones emanadas de nuestro XII Congreso, será por tres años. Docentes o funcionarios, independientemente de la función que desempeñemos en el CEIP, nucleados en un solo Sindicato, FUM-TEP, tendremos la posibilidad de elegir a
nuestros representantes.
Porque entre todos construimos la Escuela Pública para todas y todos, porque todos somos importantes, porque es posible participar en la toma de decisiones, ¡en noviembre votamos!

Mtra. Elbia Pereira
Secretaria General de FUM-TEP

Ya estamos en el mes de agosto de un año 2020 muy especial que los que lo vivimos no lo olvidaremos jamás, y cuando haya pasado y miremos hacia atrás pensaremos que vivimos un sueño, lo recordaremos como una película que seguramente nos deje los más variados aprendizajes.
Cuando a mediados del mes de marzo se suspendieron clases presenciales, no sabíamos muy bien qué alcance tendría la medida, ni por cuánto tiempo se extendería. Lo cierto es que, sin dudarlo, enfrentando el miedo a lo desconocido, el magisterio uruguayo organizó guardias para que aquellos niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad no vieran resentido su derecho a la alimentación.

Pero no solamente se trataba del servicio de alimentación, sino de continuar de alguna manera el contacto con los alumnos, y fue en ese momento que los docentes buscaron las mil maneras de que ese contacto con los niños y sus familias continuara. Se inventaron diversas formas de llegar a todos a través de plataformas virtuales, WhatsApp, llamadas telefónicas, material impreso, etcétera. Es así que con mucho orgullo podemos
afirmar que el 95% de los niños matriculados en educación primaria mantuvieron contacto con sus docentes.

Día a día, el desafío era mayor; había que continuar enseñando en un escenario muy distinto al conocido, sin la presencialidad. Hecho muy difícil; muchos manifestaron no saber cómo hacerlo, pero lo cierto es que se ingeniaron para lograrlo, utilizando las herramientas con que se contaba.
En el mes de abril se convocó primeramente al reintegro de compañeros que se desempeñan en escuelas rurales. El sindicato se puso al hombro la búsqueda de que esta circunstancia transcurriera con las mayores garantías y en las mejores condiciones para docentes, niños y comunidades. Esto demandó un intenso trabajo por parte de todos los que debían reintegrarse presencialmente en situación de angustia y de temor, pero siempre con la convicción de asegurar que nuestra meta es el derecho que tienen los niños a la educación.

Así se fue ampliando paulatinamente el número de escuelas que retornaron a la presencialidad, según las distintas modalidades y en todo el país. Hoy, luego de dos semanas de vacaciones de invierno, retornamos ampliando los días de asistencia presencial en aquellas escuelas en que esto sea posible, siempre atendiendo las orientaciones sanitarias.

Pero esta emergencia sanitaria que aún estamos viviendo no solamente afectará a la economía, sino también a las relaciones sociales y, sin dudas, a la educación.

Nos aferramos a creer que el año 2020 no es un año perdido en materia educativa, que el esfuerzo de miles de docentes, de familias y de niños no fue en vano, pero tenemos que reconocer que por más que se ha ido entregando todo, las circunstancias son difíciles, que las desigualdades se profundizarán y que habrá que pensar en la necesidad de que se apliquen políticas que apunten a acompañar a los niños y niñas que presenten algún tipo de rezago. Nos referimos a programas como Maestros Comunitarios, Maestros de Apoyo, Trayectorias protegidas y todo lo que sea necesario
para reforzar los aprendizajes de los niños.

Aún queda un tiempo lectivo, casi cuatro meses en los que, dependiendo de cómo avance la situación de la COVID-19, se podrá seguir avanzando en materia educativa. Pero todo esto sucede, además, en un contexto político especial. Un cambio de gobierno, donde se presenta la Ley de Urgente Consideración (LUC) con un capítulo sobre Educación que la Federación califica de claro retroceso en materia de derechos. Una ley que plantea diversas regresiones en materia de derechos, atenta contra la Educación pública, desmantela el Sistema Nacional de Educación Pública, se pierde el representante docente en los Consejos, habilita a directores a designar personal docente, desconoce el sistema de concursos como forma de acceder a los cargos, plantea la convivencia de dos estatutos o regímenes especiales, indica que se determinarán metodologías de trabajo atentando contra la libertad de cátedra. Estos son solamente algunos de los aspectos que la LUC establece en materia educativa.

Sí, todo lo antedicho sucede mientras transcurre la pandemia, sin posibilidades de que los sindicatos podamos manifestarnos masivamente. En diálogo con la sociedad, y con los cuidados necesarios de distanciamiento, uso de tapaboca y de alcohol en gel, hemos llevado a cabo varias intervenciones en lugares públicos y emblemáticos: Plaza Varela, Palacio Legislativo y Torre Ejecutiva, además de las realizadas a lo largo y a lo
ancho del país en cada una de nuestras filiales. 

Pero esto no termina aquí. Mientras todo esto transcurre, se debería iniciar el proceso de negociación colectiva respecto del Presupuesto que el nuevo gobierno nacional prevé para los próximos años. Me refiero a que se debería iniciar dicho proceso, porque existen plazos constitucionales que se deben respetar, y llevar esto a cabo está resultando muy difícil. Al respecto le hemos pedido información al CEIP, además de solicitar ser convocados a comisión para iniciar la negociación lo que a la fecha aún no se ha logrado. 

Se anuncian recortes al Presupuesto del CEIP, se pone en duda la gestión que llevan adelante los directores en los comedores escolares, se instala un manto de duda en el uso de dineros públicos con el fin de crear
sospechas infundadas. ¡No lo vamos a permitir! 

No bajaremos los brazos. Muy por el contrario. Cuanto más complejos sean los tiempos que se avecinan, más lucha daremos y más unidos que nunca
estaremos defendiendo a la Educación Pública y los derechos conquistados para y por las niñas y los niños uruguayos.
Es nuestro compromiso... Es con todos y todas...

Mtra. Elbia Pereira
Secretaria General de FUM-TEP

El Comité Regional y el Consejo de Presidencias y/o Secretarías Generales de la Internacional de la Educación para América Latina, reunidos en San José, Costa Rica los días 5 y 6 de diciembre del 2022 expresan:

1. El contexto regional, a la salida de la pandemia y ante el emergente de la guerra en Ucrania, nos enfrenta a una realidad signada por el crecimiento de la pobreza y del proceso de concentración de la riqueza, lo cual genera un aumento de la brecha de desigualdad y significa un claro retroceso en relación con los avances que se habían logrado durante la primera etapa de los gobiernos populares en la región.

2. Mientras en Europa y otras partes del mundo se establecen gobiernos neo fascistas y vivimos un debilitamiento del sistema democrático, América Latina muestra -producto de la resistencia de nuestros pueblos y sus organizaciones- una voluntad mayoritaria que busca desmarcarse de estas tendencias de derecha y de las políticas que imponen los grupos concentrados del poder real.

3. La expresión más clara de esto son las victorias de Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y de Lula da Silva en Brasil. Estas configuran una segunda oleada de gobiernos democráticos y populares, que ofrecen la oportunidad de recuperación de espacios para las organizaciones del campo popular y sus agendas de transformación. Sin embargo, estos avances se dan en condiciones adversas que no son las mismas que en la primera oleada de gobiernos progresistas. Enfrentamos a una derecha más autoritaria, un aumento de la pobreza, países con un mayor peso de la deuda pública y sociedades divididas, cada vez más polarizadas. Este escenario configura un mayor desafío para el afianzamiento de estos gobiernos populares.

4. Una mención aparte merece el recrudecimiento de la persecución judicial que en forma sincronizada con la utilización de los grandes medios de comunicación, genera las condiciones para el ataque sistemático contra aquellos dirigentes políticos que ejercen liderazgos populares, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Esta acción corrosiva se extiende también a dirigentes sociales y sindicales, cuyas figuras son estigmatizadas y perseguidas como una manera de criminalizar la protesta social.

5. En el caso de los sindicatos de la educación en América Latina, esta acción persecutoria ha sido particularmente intensa. Está claro que el objetivo de esa demonización de las organizaciones sindicales de la educación y sus representantes es la respuesta de los grupos del poder dominante al papel que estas han desempeñado; denunciando y resistiendo los ataques contra la educación pública concebida como un derecho social.

6. Una característica distintiva de este momento es que la derecha ha tomado como bandera propia el tema de la educación, así como lo hizo tradicionalmente con el tema de la seguridad. Hoy en día, tienen iniciativas que ponen en la mira a las y los trabajadores de la educación y a las instituciones educativas, a las que definen como parte del problema y no de la solución para combatir las brechas de desigualdad que se van ampliando.

7. Los grupos concentrados de poder tienen un proyecto educativo claro, alineado con su concepción ideológica neoliberal de la ausencia del Estado. Por un lado, buscan consolidar una propuesta de educación estandarizada basada en el currículo mínimo y la evaluación punitiva. Por otro lado, se desarrollan procesos de privatización y mercantilización valiéndose de servicios de fundaciones privadas, proyectos financiados por instituciones financieras internacionales y del formato de Alianzas Público- Privadas, que habilitan y legitiman la participación de actores no estatales y el lucro privado.

8. Este proyecto privatizador y antipedagógico se institucionaliza a través de organizaciones supranacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, y en el caso particular de América Latina, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Estos actores recomiendan y promueven al interior de nuestros países la participación cada vez mayor de actores privados y empresariales en la definición, implementación y financiamiento de la política educativa.

9. En el marco de estas narrativas y políticas, la derecha incentiva la indiferencia de la ciudadanía, usufructuando el sentimiento de descontento y de escepticismo hacia las políticas públicas, como forma de imponer su proyecto regresivo en materia educativa.

10. Ante esta realidad, las organizaciones sindicales docentes y el Movimiento Pedagógico Latinoamericano tienen que asumir el compromiso activo de ser parte de esta disputa en la que está en juego el sentido de la educación. En especial, su carácter de herramienta para combatir el modelo de desigualdad y promover la búsqueda de un modelo alternativo. El cual permita formar una ciudadanía con pensamiento crítico y valores sociales, que la convierta en protagonista de los procesos emancipatorios por los que aún seguimos pugnando en nuestra América Latina.

Por todo lo expresado anteriormente, el Comité Regional y el Consejo de Presidencias y/o Secretarías Generales definen y recomiendan:

• Realizar un reconocimiento a la labor de los trabajadores y trabajadoras de la educación de América Latina por su compromiso ético y político en garantizar el derecho a la educación pública durante la pandemia.

• Impulsar mediante todas las acciones posibles el desarrollo del Movimiento Pedagógico Latinoamericano como herramienta político-organizativa mediante la cual posicionarnos como interlocutores en la disputa del sentido de la educación pública concebida como un derecho social.

• Sostener una acción consecuente para lograr el aumento de la inversión educativa a cargo del Estado y enfrentar, articulando iniciativas con los estudiantes y la comunidad, las políticas de recortes al presupuesto educativo promovidas por los gobiernos neoliberales e incentivadas por los organismos internacionales de créditos.

• Asumir activamente el desarrollo de la campaña que será lanzada por la Internacional de la Educación en enero del 2023 y que se articula en torno a los siguientes pilares: aumento de la  financiación de la educación pública estatal y de la inversión en las y los trabajadores del sector educativo; combatir, frenar y hacer retroceder la privatización y comercialización de la educación y reforzar la narrativa a favor de la educación pública de calidad.

• Reiterar el apoyo a la Campaña de la RED de Trabajadoras de la Educación por la ratificación del Convenio CIT 190 de la OIT contra el acoso y la violencia en el mundo del trabajo.

• Impulsar la ratificación y el cumplimiento del Convenio CIT 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la definición de la multiculturalidad en las políticas educativas como tema transversal para consolidar la identidad histórica y la unidad de la región.

• Ratificar la iniciativa de la Internacional de la Educación para América Latina para consolidar un espacio de participación para las juventudes sindicales de todas las organizaciones miembro.

• Ratificar la presencialidad como condición indispensable para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y promover políticas públicas de acceso a la conectividad y a las tecnologías digitales como medio para garantizar el acceso a las mismas de los sectores populares.

• Promover la difusión y la utilización de los informes producto del monitoreo desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de la Política Educativa (OLPE) para la acción política-sindical en nuestros países.

Aprobado el 6 de diciembre de 2022 en San José, Costa Rica.

Como todos sabemos, durante el mes de mayo se llevó a cabo el XII Congreso de FUM-TEP que, según establecen nuestros Estatutos en su art. 7, «...será la autoridad máxima y estará integrado por asociados con voz y voto que designen las instituciones afiliadas y los miembros del SEN que no sean delegados, participarán con voz pero sin voto». Fue el Congreso más grande en número de afiliados de la historia de la Federación. En la instancia plenaria se sesionó con un 93% de asistencia de delegados.
Su inauguración se realizó el día 8 de mayo, ocasión en que también se procedió a la presentación del libro Rastrojos que el maestro Miguel Soler Roca donara a la Federación, y que publicamos desde el Fondo Editorial QUEDUCA.

Previo al desarrollo del Congreso se organizó un calendario para la presentación de documentos borradores que fueron aportados para la discusión de todas las filiales sobre los temas: Balance, Perspectiva y Presupuesto; Propuesta de Reforma de Estatuto; Políticas Educativas.
Fueron presentados documentos de las corrientes 27-3-Praxis y de la lista 18, dos de las tres corrientes que integran la Federación, así como documentos que presentaron algunas filiales.

Un nuevo inicio de clases, con la alegría y el compromiso de siempre, sin dejar de lado las dificultades que nuestra Federación viene advirtiendo
año tras año. La falta de docentes en el área metropolitana para cubrir los cargos de maestros es un problema estructural. El número de docentes que se acogen a los beneficios jubilatorios es mayor que el de los maestros egresados en el sur del país.
En tanto, muchos compañeros se reciben año tras año en el norte del país, pero no logran elegir un cargo de maestro que les permita tener la estabilidad laboral para la que tanto trabajan esforzándose para concursar y mejorar sus puntajes que les permitirían alcanzar su objetivo.
Pero no todos los maestros lo logran, y conseguir trabajo no es tarea fácil. Es por ello que, ante el ofrecimiento de cubrir cargos en el área metropolitana, muchos optan por trasladarse a la capital del país con las dificultades que trae aparejadas: desarraigo, problema de vivienda, etcétera.
Por este motivo, nuestra Federación ha permanecido atenta a estas situaciones, orientando a los compañeros que trabajarán en el sur, acompañando en el proceso de elección de los cargos para informar respecto a la ubicación de los diferentes centros educativos.

Este año 2019 se realizará el XII Congreso de nuestra Federación. Atendiendo a lo establecido en nuestros Estatutos, la Federación prepara su instancia máxima de decisión para el mes de mayo. Durante los días 8 y 9 de mayo se llevarán a cabo la apertura, la inauguración del Congreso y los debates en comisiones: Balance y Perspectiva – Presupuesto; Estatutos de FUM-TEP; Políticas Educativas. El 31 de mayo se desarrollará la instancia plenaria. En dicha oportunidad se pondrán a consideración de los congresales los documentos elaborados por las diferentes corrientes de pensamiento sindical existentes en la interna de la Federación, y discutidos en las comisiones. Pero independientemente del trabajo interno que los
maestros, profesores y funcionarios realicemos durante e Congreso para contar con posturas sólidas asumidas por el colectivo de trabajadores sindicalizados, nuestra meta principal es lograr posicionarnos ante a los temas educativos que nos inquietan como parte de la sociedad en la que también convivimos como ciudadanos. No podemos dejar de mencionar el hecho de que nos encontramos en un año electoral, en el que se estarán disputando dos modelos de país. Una vez que se conozcan los candidatos a la presidencia de la República, los interpelaremos sobre qué escuela queremos y sobre la necesidad de llegar a un mínimo del 6% del PBI para ANEP y UdelaR. Haremos escuchar nuestra voz respecto a las Políticas Educativas a implementar según las diferentes promesas electorales. La haremos conocer a cada candidato que se postule para ejercer los cargos desde la máxima jerarquía como presidente de la República hasta –y en especial– a quienes pretendan ocupar una banca en el Poder Legislativo, porque con sus votos definen las asignaciones presupuestales que entre otras determinarán las condiciones de trabajo.

Somos los profesionales de la Educación que materializamos los hechos educativos de manera situada cada día en las instituciones escolares. Por tanto tenemos mucho para decir y aportar sobre qué Educación Pública queremos, sobre cuál es la escuela pública que los hijos y las hijas de los 
trabajadores merecen. Construir comunidad educativa es y será nuestro desafío. No renunciaremos a nuestro compromiso ineludible de seguir construyendo y defendiendo la Educación Pública.

¿POR QUÉ ESTA MEDIDA?

• por trabajo y aumento de salarios y jubilaciones
• por una reforma en Seguridad social integral, digna y solidaria
• por presupuesto para Educación Pública, vivienda y salud
• en contra de la desigualdad de género
• en defensa de las empresas públicas
• por mayor inversión pública= más trabajo
• en contra de la inseguridad y la violencia
• en defensa de los Derechos Humanos.

#FUMTEP

#CSEU

#PAROPITCNT

#NoSeAguantaMas