Si bien ya es difícil cuestionar que nuestra sociedad está articulada por relaciones de género desiguales, la toma de conciencia de esta realidad
no se ha visto «todavía traducida en un cambio social de transgresión» (Grau Muñoz, 2020:80). 
En este escenario, escuelas y docentes estamos convocadas a asumir la responsabilidad que nos corresponde como agentes de la educación en la
transformación social que se requiere a fin de lograr que la igualdad de género, al decir de Bachelet (2011), sea una realidad vivida.
Como resultado de compromisos internacionales y regionales que ha suscrito el país, así como de las leyes y normativas aprobadas hasta el momento, el sistema educativo está obligado a garantizar una educación de calidad a niñas y niños del país sin discriminación, garantizando el
pleno ejercicio del derecho a la educación de todas y todos. En este sentido además, tiene la responsabilidad de impulsar una línea transversal que apunte a la igualdad de género garantizando la no discriminación en la educación en todos los niveles educativos.
El enfoque de género en la educación pública es una línea transversal, un eje articulador y una estrategia amplia de integración para ser abordada por el conjunto de subsistemas.
Cuando hablamos de educación de calidad nos referimos a aquella que les permite a niños y niñas desarrollar su potencial, aprovechar las oportunidades
de empleo y adquirir competencias para la vida activa. «Esto supone llegar a todos y llegar mejor para conseguir mejores aprendizajes que contribuyan
a la equidad.» (ANEP. CEIP, 2016b:14)